El Vicepresidente del Congreso del Estado impulsa reformas legales para garantizar el respaldo del Poder Legislativo al órgano fiscalizador
Morelia, Mich., a 29 de julio de 2011.- Con la intención de evitar que servidores y ex servidores públicos que abusan de sus cargos y del erario público sean exonerados de las sanciones que con apego a Derecho les imponga la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) es necesario establecer procedimientos que hagan cumplir las resoluciones del órgano técnico, señaló el Vicepresidente del Congreso del Estado, Gonzalo Elvira Cabrera.
Entrevistado en torno a la emisión de sanciones contra más de 40 funcionarios y ex funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión Inspectora de la ASM recordó que desde el pasado 6 de julio presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Lo que se busca, añadió Elvira Cabrera, es garantizar el respaldo del Poder Legislativo de Michoacán a las resoluciones que emita el órgano técnico fiscalizador, ante la actual falta de un procedimiento que permita a la Auditoría Superior la ejecución de sus propias sentencias, lo que permitiría a la institución evitar el sinnúmero de tropiezos que ha debido enfrentar ante la insuficiente reglamentación que imposibilita su actuar.
El Vicepresidente del Congreso del Estado aseguró que la ASM cuenta con personal calificado que en muchas ocasiones determina inconsistencias que ameritan la imposición de sanciones que nunca son del agrado de los servidores públicos que han abusado del poder que los ciudadanos les han otorgado y han traicionado la confianza del pueblo al hacer mal uso de los recursos públicos que están a su cargo.
Sin embargo, aunque las sanciones se encuentran dispuestas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, y son desde el apercibimiento hasta la amonestación, suspensión, sanciones económicas, destitución del empleo e inhabilitación del cargo, y pueden ser determinadas por el órgano técnico de acuerdo con la ley, éstas no son ejecutadas porque se carece de los mecanismos para ello.
Por ello, y partiendo del hecho de que el órgano técnico no es autoridad ejecutora, Gonzalo Elvira propuso establecer un procedimiento sencillo, pronto y eficaz que, garantizando los derechos debidos a todo proceso, permitan la imposición de las sanciones a que está facultada la Auditoría Superior.
De esta forma, añadió el diputado del PAN, se dispondría que la Comisión Inspectora tendría la obligación dictaminar y hacer del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado las resoluciones que tengan como finalidad suspender, destituir o inhabilitar a servidores públicos.
Posteriormente, a convocatoria del Presidente del Congreso del Estado, el propio Pleno se constituiría como Jurado de Sentencia para, en Sesión Privada, votar por mayoría la propuesta de sanción en el caso de cualquier funcionario público, salvo el gobernador, caso en el cual la aprobación del dictamen tendría que ser por las dos terceras partes de los diputados.
Morelia, Mich., a 29 de julio de 2011.- Con la intención de evitar que servidores y ex servidores públicos que abusan de sus cargos y del erario público sean exonerados de las sanciones que con apego a Derecho les imponga la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) es necesario establecer procedimientos que hagan cumplir las resoluciones del órgano técnico, señaló el Vicepresidente del Congreso del Estado, Gonzalo Elvira Cabrera.
Entrevistado en torno a la emisión de sanciones contra más de 40 funcionarios y ex funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión Inspectora de la ASM recordó que desde el pasado 6 de julio presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán y a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Lo que se busca, añadió Elvira Cabrera, es garantizar el respaldo del Poder Legislativo de Michoacán a las resoluciones que emita el órgano técnico fiscalizador, ante la actual falta de un procedimiento que permita a la Auditoría Superior la ejecución de sus propias sentencias, lo que permitiría a la institución evitar el sinnúmero de tropiezos que ha debido enfrentar ante la insuficiente reglamentación que imposibilita su actuar.
El Vicepresidente del Congreso del Estado aseguró que la ASM cuenta con personal calificado que en muchas ocasiones determina inconsistencias que ameritan la imposición de sanciones que nunca son del agrado de los servidores públicos que han abusado del poder que los ciudadanos les han otorgado y han traicionado la confianza del pueblo al hacer mal uso de los recursos públicos que están a su cargo.
Sin embargo, aunque las sanciones se encuentran dispuestas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, y son desde el apercibimiento hasta la amonestación, suspensión, sanciones económicas, destitución del empleo e inhabilitación del cargo, y pueden ser determinadas por el órgano técnico de acuerdo con la ley, éstas no son ejecutadas porque se carece de los mecanismos para ello.
Por ello, y partiendo del hecho de que el órgano técnico no es autoridad ejecutora, Gonzalo Elvira propuso establecer un procedimiento sencillo, pronto y eficaz que, garantizando los derechos debidos a todo proceso, permitan la imposición de las sanciones a que está facultada la Auditoría Superior.
De esta forma, añadió el diputado del PAN, se dispondría que la Comisión Inspectora tendría la obligación dictaminar y hacer del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado las resoluciones que tengan como finalidad suspender, destituir o inhabilitar a servidores públicos.
Posteriormente, a convocatoria del Presidente del Congreso del Estado, el propio Pleno se constituiría como Jurado de Sentencia para, en Sesión Privada, votar por mayoría la propuesta de sanción en el caso de cualquier funcionario público, salvo el gobernador, caso en el cual la aprobación del dictamen tendría que ser por las dos terceras partes de los diputados.